El oficialismo aprobó ayer, con el apoyo de tres radicales, el primer retoque al régimen electoral desde las convulsionadas elecciones de 2015: los legisladores autorizaron la eliminación de 600 partidos políticos municipales y comunales, como paliativo al vendaval de boletas en los cuartos oscuros promovidos gracias a los acoples.
“El objetivo es el de modificar la ley de Partidos Políticos (N° 5.454). La iniciativa, solicitada por el Poder Ejecutivo, es parte del resultado del proceso de diálogo y consulta para la reforma política iniciado por el gobierno de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, considerando los aportes de distintos espacios en el marco del proceso ‘Tucumán Dialoga’”, presentó el peronista Ramón Santiago Cano.
El proyecto de ley, aportado el 21 de marzo por el gobernador, establece que los partidos provinciales tendrán un plazo de hasta 180 días previos a los comicios para su reconocimiento por el órgano electoral. Además, prohíbe que los adherentes participen de manera simultánea de dos agrupaciones. Sí aclara que “no se considera doble afiliación la inscripción en partido provincial o nacional”.
“Es el primer paso que damos para la reforma político electoral. Haber eliminado 300 partidos constituidos y casi 280 en proceso de constitución, de comunas y municipios, es una medida para que el votante pueda elegir con menos boletas en el cuarto oscuro, sin afectar los derechos de nadie, porque todos pueden participar en los partidos provinciales. Luego seguiremos con los 30 proyectos de reforma de los otros espacios políticos”, valoró Jaldo.
El radical José María Canelada criticó el proyecto y pidió que se rechace por inconstitucional. “Con esta ley no podemos eliminar partidos, porque tienen derechos adquiridos. Además, por la responsabilidad de control constitucional que nos cabe diré que con semejante escenario político es muy probable, como ya adelantaron concejales de partidos municipales, que se judicialice esta ley y la Corte les dé la razón”, arremetió.
El radical criticó que no se hayan tratado ninguno de los proyectos promovidos para encarar una reforma integral: Ética Pública, Acceso a la Información, eliminación de la doble afiliación, apoderados múltiples, normas anticlientelismo, financiamiento de campañas, Primarias o debates obligatorios.
“No logro entender definitivamente esta forma permanente y constante de querer decir que acá se quiere cambiar para que no cambie nada. Esta norma sí es constitucional. Hablan de que la sociedad les pide limitar los acoples, y ahora que traemos algo concreto al recinto, dicen que es inconstitucional. Este es el primer paso, y luego debatiremos todos los demás proyectos”, respondió ofuscado Fernando Juri.
Los radicales Fernando Valdez, Ariel García y Raúl Albarracín plantearon una postura diferente a la de sus correligionarios: aseguraron que la norma no atenta contra la Constitución y tratados internacionales, y que la eliminación de los partidos fortalecería las agrupaciones provinciales. “Como docente y abogado que soy no advierto peligro de inconstitucionalidad. No me imagino defendiendo partidos comunales que destruyen los provinciales; prefiero la democracia interna de los partidos”, aseveró Valdez. Recordó que en 2015 había solicitado en su partido que el radicalismo realice internas y compitiera con una lista única, pero no tuvo apoyo. “Salvo excepciones, no hay organizaciones municipales o comunales que tengan vida; aparecen y desaparecen con cada proceso electoral. Hubo ciudades con más de 150 boletas. ¿Tanta pluralidad tenemos para ofrecer a los vecinos, tantas líneas ideológicas?”, argumentó García.
“La representación política quedó pulverizada. En Concepción donde debían elegirse 12 concejales hubo en el cuarto oscuro 105 boletas, lo que equivalía a 1.890 candidatos. En Tafí Viejo hubo aproximadamente 150, lo que se tradujo en 2.700 candidatos. Con la aprobación de este proyecto vamos a contribuir a dar un orden y una debida canalización de la participación política”, dijo Albarracín.
“El espíritu de la ley es que la voluntad del votante esté lo menos viciada para que la elección sea lo más clara posible. Ley de Acceso a la Información Pública, debates obligatorios, publicidad oficial, son temas que trataremos en la comisión de reforma electoral. Debemos dar el primer paso. Quiero recordarles, sin chicanear, que en 2015 ganamos cuatro elecciones con cuatro sistemas de elección diferentes. Ahora que hacemos modificaciones sin retoques a la Constitución piden una reforma”, corrió Gassenbauer.
El cierre del debate estuvo a cargo del oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, quien lideró los acoples del partido Acción Regional. “Cuando perdieron fueron a la plaza y decían que había fraude. No vi a ninguno que renuncie a la banca legislativa por el fraude. Querían que se anule sólo para la gobernación. En esta Legislatura fueron electos 20 legisladores por listas oficiales y 29 por acoples”, finalizó.
Al votar, peronistas y aliados sumaron 37 votos a favor, y siete en contra: Eudoro Aráoz, Silvio Bellomío, Luis Brodersen, Canelada, Alberto Colombres Garmendia, Adela Estofán y Christian Rodríguez.